Esta semana, en materia educacional, América del Sur tuvo grandes noticias lideradas por Chile y Venezuela. En ambos países se anunció la promulgación de nuevas leyes orgánicas de educación. Sin dudas un tema importante que afectará, para bien o para mal, a las futuras generaciones de latinoamericanos.
Me di el gustito de leer ambas leyes. Me di el gustito de compararlas. Y hoy tengo el gustito de dar mi punto de vista pensante y analizar el cómo y el por qué una nación puede pavimentar un camino tan distante y perverso comparado con el resto tan sólo por el capricho de mentes desprovistas de la visión necesaria para hacer bien las cosas.
En Chile, la Ley General de Educación (LGE), después de varios episodios no exentos de polémicas ya comentados en este blog, una vez, dos veces, tres veces, y más, se ha hecho realidad una ley muy consecuente y muy equilibrada en cuanto a respetar las distintas posiciones de todos los chilenos. Es el resultado de un debate serio y consensuado de todos los actores de la sociedad.
Algunos dirán: ‘¡pero si a los estudiantes y profesores no tomaron en cuenta!’ - Yo les diré que mienten. Y mienten porque es un hecho indesmentible que fueron ellos mismos los que en forma voluntaria se pararon de la mesa de conversación y se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque en la mesa de conversación la mayoría pensaba distinto a ellos. ¿Qué pensaba la mayoría? La mayoría pensaba (y sigue pensando) que la forma de financiar la educación en Chile no debe ser abolida en forma brusca. ¿Cuál es la forma de financiar la educación en Chile? Que el Estado otorgue subsidio a particulares para que apoyen el déficit estructural en educación. ¿Y qué sostenían los estudiantes y profesores? Que el Estado no debe subsidiar a particulares para que mantengan el sistema.
Como se puede apreciar, son temas ideológicos. Si alguien con más de dos dedos de frente me dijera que ‘la mala educación de los colegios subvencionados clama por la eliminación del aporte fiscal’, ok, lo aceptaría como algo inteligente, pero la realidad es otra: La existencia de colegios subvencionados ha otorgado centenas de establecimientos de excelente calidad, superior incluso a colegios privados. Si nos vamos a los estudios, la gran parte de los subvencionados otorgan estándares de calidad superior a la media nacional.
La contraparte contraargumentará: ‘Pero la función del Estado es destinar sus recursos para entregar educación gratuita a todos los chilenos que no sean favorecidos por el sistema del mercado. Además que existen muchos colegios subvencionados que son desastrosos y sólo se preocupan de ganar dinero y no de entregar calidad’
La primera parte de la argumentación es ideológica. Yo compartiría ese punto de vista siempre y cuando el Estado sea capaz de sostener todo el aparataje estructural del sistema. Si alguien me dijera: ‘Mira, el proyecto de estatizar a todos los colegios subvencionados de Chile cuesta X millones de pesos, y su financiamiento se puede obtener subiendo los impuestos’, ok, lo podría analizar. El único problema es que ‘no sólo de educación vive el hombre’. Chile no es precisamente un país millonario. Lo más potente que tenemos es el cobre, como gran cosa. A su vez tenemos otras necesidades y prioridades que la sociedad exige. ¿Es sustentable la estructura de una educación pública gratuita? Según los números, no; Según los expertos, no; Según las autoridades, no; pero según los idealistas, sí. ¿A quién se le debe hacer caso?
La segunda parte de la argumentación es más aterrizada. Lo interesante de la nueva ley es que fortalece esa debilidad con que contaba el sistema hasta el día de hoy. Para entender el por qué existía esta debilidad en el sistema habría que contextualizar la antigua ley (denominada LOCE) en los años ochentas, a finales de la dictadura. Para que se entienda, la LOCE fue promulgada minutos antes de que Pinochet cediera el cargo de presidente. La razón de ser de la LOCE era facilitarle al Estado la función de crear la oferta necesaria para satisfacer la demanda por escolaridad. El déficit estructural de colegios en esa época era crítico y con la escasez de recursos fiscales sería muy difícil que sólo el Estado se hiciera responsable de tan titánica misión. Es por esto que la LOCE promovió la participación de inversión privada, con apoyo estatal, para la construcción y administración de establecimientos educacionales. El gran problema de la LOCE es que debía ser llamativa para los inversionistas y por ello pecó de simplista y ambigua, ambiguedad que tentó a los ‘cerdos capitalistas’ para que se aprovecharan de la situación. Pero como no hay mal que por bien no venga, estos mismos ‘cerdos capitalistas’ fueron los que inspiraron la nueva ley de educación que hoy celebramos. En resumidas cuenta, hay que sostener que la LOCE cumplió su cometido con su primera etapa de apoyar en satisfacer la demanda existente. Hoy en día con la LGE se inicia la segunda etapa que fortalecerá los cimientos para la creación, en un par de años más, de una tercera etapa en que, creo yo, los idealistas podrán ver realizados todos sus sueños: El Estado sólo financiando establecimientos totalmente gratuitos.
La LGE, en su conjunto, es un avance, un progreso, que garantiza a las futuras generaciones una mejor calidad educacional con la creación de nuevas entidades fiscalizadoras: Superintendencia de educación, la Agencia de Calidad de la Educación y el Consejo Nacional de Educación. Todos estos entes estatales tendrán como misión nivelar hacia arriba la educación chilena. La Agencia tendrá la misión de evaluar la calidad de los establecimientos, y el Consejo tendrá la misión de entregar las pautas mínimas generales del estándar de calidad educacional que requieren los estudiantes chilenos. La superintendencia, por su parte, tendrá la misión de velar el cumplimiento del estándar establecido por el Consejo y la actual ley. Es, en consecuencia, el perfeccionamiento a la debilidad encontrada en la LOCE.
Para quienes quieren leerla está disponible en forma íntegra en la página del Senado. Asimismo, y por el bien de informar, espero que algún día también esté disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional.
Y bien, me di el gustito de leerla completamente para, en primer lugar, hacer el ejercicio civil de conocer mis deberes y derechos, y tener fundamentos para refutar y debatir en contra de los que típicamente se expresan sin conocimiento (por no decir ‘ignorantes’).
De las sanas conclusiones que puedo sacar es que es una buena ley que, como dije, garantiza la excelencia en la educación poniendo énfasis en los colegios públicos. De partida, y el punto más críticamente ideologizado, apunta a regularizar la situación de los sostenedores de colegios subvencionados (entiéndase como ’sostenedor’ el responsable del funcionamiento del establecimiento educacional apoyado económicamente por el Estado). Hasta antes de esta ley muchos sostenedores abusaban de resquicios legales para sacar dividendos económicos, así teníamos a sostenedores sin la preparación educacional necesaria para emprender un proyecto de estas características. Pues bien, la actual LGE obliga a ellos, y a cualquiera que quiera participar del sistema subvencionado, a contar con un mínimo de currículum educativo.
Según el Artículo 46, tenemos que los requisitos para ser sostenedor son:
a) Ser persona jurídica cuyo objeto social único sea la educación. A su vez debe tener un título profesional de al menos 8 semestres.
b) Contar con un proyecto educativo.
c) Ceñirse a los programas de estudio dictados por el Ministerio de Educación.
d) Tener y aplicar un reglamento que se ajuste a las normas mínimas sobre evaluación y promoción de los alumnos.
e) Comprometerse a cumplir los estándares nacionales de aprendizaje.
f) Contar con un reglamento interno que regule el accionar de los distintos actores de la comunidad escolar.
g) Tener el personal docente idóneo y suficiente. (Un profesional de área afín y específica, en Educación Media, podrá ejercer la docencia con un plazo máximo de 5 años tras los cuales por obligación tendrá que contar con título de pedagogía. Este punto, por ejemplo, va dirigido a ingenieros que quieran dictar cátedra).
h) Acreditar un capital mínimo que sustente el siguiente período. (Punto importante para garantizar la continuidad del proyecto).
i) Acreditar que el local del establecimiento cumple con las normas de general aplicación. (Además se especifica las condiciones de arriendo).
j) Disponer de mobiliario, equipamiento, elementos de enseñanza y material didáctico mínimo.
Como se puede apreciar, todos estos puntos garantizan por ley los elementos mínimos para ejercer la actividad educativa. En caso de no cumplir con estos requerimientos o demases que la ley establece con respecto al cumplimiento de los estándares de excelencia mínima, la Superintendencia de Educación tendrá la obligación de sancionar el establecimiento o revocar la autorización de su funcionamiento. Y en caso que el establecimiento sea público, será de su responsabilidad enfocar los recursos humanos y económicos necesarios para superar el déficit.
Ya con la estructura básica para cimentar un buen proyecto, el tema ideológico queda catapultado a su mínima expresión. Ahora lo que tendrá que primar será hacer cumplir la ley y que nosotros, como entes involucrados en la sociedad, podamos tener un rol más participativo y activo como fiscalizadores del cumplimiento de las normas. La misma ley establece los mecanismo para el acceso y transparencia de la información. Pero claro, como todo orden de cosas: ‘hecha la ley, hecha la pillería’, tendremos unos años para ir acomodando las falencias de esta LGE que promete mucho.
Ahora bien, del dicho al hecho hay mucho trecho porque el buscar resquicios legales es propio de todo ser humano, no por nada vemos cómo los mismos encargados de hacer leyes se encargan de buscar cómo engañar el espíritu de las mismas. Pero no hay que ser tan pesimistas, ¡aún tenemos patria, señores!.
La LGE comenzó. Una gran reforma ha comenzado. Ya los dados fueron lanzados y primó la cordura y sabiduría. Darle tiempo al tiempo será la clave primordial y será nuestro único apoyo para ir mejorando los detalles en el camino.
En esta primera parte enfoqué el tema a analizar los cambios más radicales con respecto a lo que teníamos antes y comprobar que el punto más polémico había sido bien encaminado y enfocado. La creación de 3 entes estatales para garantizar la excelencia en la educación chilena es fundamental. En cuanto al resto del análisis, mezcla de política y filosofía, los tomaré en una segunda parte, al comparar esta ley con la aparecida en Venezuela denominada LOE.
El tema da para largo y vale la pena tomarse una segunda parte porque mi amigo Hugo Chávez no me defraudó…
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